La iniciativa del gobierno para erradicar símbolos franquistas
El gobierno de izquierda de España, liderado por el Primer Ministro Pedro Sánchez, anunció que en el próximo mes se hará pública una lista de símbolos relacionados con la dictadura de Francisco Franco que deberán ser retirados de los espacios públicos. Esta medida se anuncia al coincidir con el 50º aniversario del fallecimiento de Franco, quien gobernó España de manera autoritaria tras salir victorioso de la guerra civil del país, que se desarrolló entre 1936 y 1939 y resultó en la muerte de cientos de miles de personas.
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En una sesión parlamentaria, Sánchez declaró que antes de finalizar noviembre, su administración publicará «una lista completa de símbolos y elementos franquistas, para que finalmente sean eliminados de nuestro país y de nuestras calles».
Aún se pueden observar vestigios del régimen que duró casi cuatro décadas de Franco en el paisaje público español, desde imponentes arcos neoclásicos hasta tranquilas plazas que llevan nombres de leales al régimen.
El grupo activista Debería Desaparecer, fundado en 2022 para identificar lo que denomina vestigios ilegales de la dictadura, indica que todavía hay más de 6,000 de estos símbolos en pie. Uno de los más notorios es el Arco de la Victoria en Madrid, una estructura de 50 metros de altura construida en los años 50 en una concurrida rotonda para celebrar el triunfo de los nacionalistas apoyados por los fascistas en la guerra civil.
Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, España comenzó un proceso de transición hacia la democracia. Sin embargo, una amplia ley de amnistía aprobada por el parlamento en 1977 protegió tanto a los antiguos oficiales del régimen como a los activistas anti-Franco de ser procesados, permitiendo que muchos símbolos de la dictadura permanecieran intactos.
Las iniciativas para enfrentar el pasado han cobrado fuerza en las últimas décadas. En 2007, el entonces Primer Ministro socialista José Luis Rodríguez Zapatero instauró la «Ley de Memoria Histórica», que obligaba a las instituciones públicas a retirar la iconografía franquista de los espacios públicos.
Este ímpetu se intensificó en 2018 cuando Sánchez, también socialista, asumió el cargo. Al año siguiente, su gobierno procedió a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos —una vasta basílica subterránea cerca de Madrid— y los trasladó a una cripta familiar más discreta para evitar que la tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación para los partidarios de la extrema derecha.
En 2022 se introdujo una nueva «Ley de Memoria Democrática» para honrar a las víctimas de la dictadura y presionar a los gobiernos locales para que eliminen los símbolos del régimen. El principal partido de oposición, el conservador Partido Popular (PP), se ha opuesto a la eliminación de los símbolos de la era Franco, calificándolos de motivados políticamente y perjudiciales para la unidad nacional.
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