Comentarios recientes de un portavoz del PP han dejado entrever las posibles posturas del partido respecto a los nómadas digitales si llegan al poder —pero, ¿cómo encaja eso con la retórica migratoria de la derecha española y su compromiso con una «prioridad nacional»?
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El dirigente que suena como posible futuro ministro de Economía de España ha afirmado que su formación pretende atraer a millones de nómadas digitales al país.
A medida que la campaña para las elecciones generales en España se intensifica, el Partido Popular (PP), situado en el centro-derecha, ha empezado a desgranar sus propuestas de gobierno por si las encuestas se confirman y la coalición de la derecha (PP y la extrema derecha de Vox) accede al Ejecutivo tras ocho años de gobiernos socialistas.
El vicesecretario general del PP, Juan Bravo, intervino recientemente en un Congreso Iberoamericano sobre Marketing, Comunicación y Asuntos Públicos, donde explicó las prioridades que, según él, marcarían la agenda del partido en los primeros cien días de mandato.
En línea con anuncios previos sobre vivienda —incluyendo medidas dirigidas a incentivar la compra en el medio rural—, Bravo detalló propuestas más amplias que pasan por recortes fiscales, fomentar la inversión empresarial, reducir gastos innecesarios y simplificar trámites administrativos, todo ello con el objetivo de impulsar la vivienda, la competitividad, la productividad y el empleo.
Estas iniciativas coinciden con otras medidas que el partido ha ido presentando durante la campaña.
El líder del PP y posible próximo presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, planteó recientemente una cuota reducida de autónomos de 50 euros al mes durante tres años para jóvenes menores de 40 que pongan en marcha negocios en zonas rurales; una rebaja del 50% en el IRPF durante los primeros años de actividad empresarial; una ayuda de hasta 15.000 euros para la reubicación al mundo rural; y avales públicos de hasta el 80% para las inversiones necesarias en explotaciones agrícolas.
Bravo señaló que España tiene oportunidades de crecimiento importantes, pero avisó de que hacen falta medidas urgentes para garantizar seguridad jurídica y fiscal, mejorar la vivienda, la infraestructura y la productividad.
Una de las grandes oportunidades, dijo, son los nómadas digitales.
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«La gente quiere venir a España: para 2040 habrá mil millones de nómadas digitales en el mundo y el 8,1% (81 millones de personas) elegiría nuestro país», declaró.
No obstante, esas cifras no deben interpretarse literalmente como la intención de acoger a 81 millones de nuevas personas en España —la población actual ronda los 50 millones—, como han dado a entender algunos medios. Más bien, el comentario apunta a una orientación política: recortes fiscales, desregulación proempresarial y atracción de capital internacional.
Según datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a comienzos de 2026 el número de profesionales extranjeros con visados de nómada digital y otros permisos de residencia para trabajo a distancia superaba los 300.000.
En España, a algunos sectores se les ha acusado de que los nómadas digitales han agravado la crisis de la vivienda. Trabajadores extranjeros que cobran el doble o el triple de lo que ingresan la mayoría de los locales (y que en ocasiones disfrutan de tipos impositivos reducidos) habrían contribuido a la subida de precios inmobiliarios, sobre todo en el alquiler, y a la gentrificación de ciertas ciudades.
Para abordar lo que considera un problema de oferta, Bravo planteó medidas como agilizar trámites administrativos, reducir el IVA y otras cargas para facilitar procesos a propietarios e inquilinos, y se comprometió, de forma llamativa, con «la construcción de un millón de viviendas en los próximos cuatro años».
Un documento reciente del PP subrayaba que el partido está «comprometido con reducir la burocracia para los autónomos: de cuatro declaraciones fiscales al año a dos o incluso a una sola». Esto beneficiaría también a quienes disponen del visado de nómada digital, ya que deben inscribirse como trabajadores por cuenta propia.
La formación también ha prometido aliviar la carga fiscal de los emprendedores y facilitar la transición de autónomos a pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, las declaraciones de Bravo sobre los nómadas digitales podrían colocar a las políticas del PP en tensión con posiciones previas del partido y con su posible socio de coalición, la extrema derecha de Vox.
El PP ha respaldado previamente pactos regionales con Vox que introducen el concepto de «prioridad nacional», una política que prima a los españoles a la hora de acceder a prestaciones y ayudas públicas.
En un momento en que no solo la vivienda, sino también la inmigración, dominan el debate público en España, las fuerzas conservadoras han reedificado pactos autonómicos basándose en esa «prioridad nacional» que antepone a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros.
La idea, al menos en el plano retórico, es tan sencilla como polémica: dar preferencia a los nacionales sobre los foráneos, incluidos ciudadanos de la Unión Europea, en ámbitos como prestaciones sociales, vivienda y ciertos servicios públicos.
Cómo encaja exactamente la invitación a millones de extranjeros adinerados y con mayor poder adquisitivo con una política de «prioridad nacional» no queda del todo claro.
The Local ha solicitado al PP que aclare esta aparente contradicción.
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