Acuerdo histórico entre el gobierno español y la Iglesia Católica
El jueves, el gobierno de España y la Iglesia Católica alcanzaron un acuerdo crucial para compensar a las víctimas de abusos sexuales por parte del clero. Este pacto busca resolver lo que los funcionarios han calificado como una «deuda moral».
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Según un comunicado del Ministerio de Justicia, el convenio, firmado por el Ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la Conferencia Episcopal Española (CEE), establece un mecanismo para ofrecer reparaciones a las víctimas de abusos sexuales relacionados con la Iglesia que no pueden tomar acciones legales debido a la prescripción de los delitos o al fallecimiento de la víctima.
En una conferencia de prensa, Bolaños destacó: «Durante décadas ha habido silencio, encubrimiento, un daño moral a menudo imposible de reparar». Añadió que «Este acuerdo nos permite saldar una deuda moral histórica que teníamos con las víctimas de abusos».
Las asociaciones de víctimas, que durante mucho tiempo han acusado a la Iglesia de obstrucción, han recibido con agrado el acuerdo.
Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada, expresó a AFP: «Es algo por lo que hemos luchado durante muchos años». También resaltó la importancia de que «la Iglesia, aún bajo la presión del Vaticano, se comprometa ahora a proporcionar reparaciones», señalando que su hijo fue abusado sexualmente por un profesor en una escuela católica cuando era menor.
Compromiso moral
Bajo el nuevo sistema, la Iglesia financiará las reparaciones, siendo esta la primera vez que ocurre en España, donde las autoridades eclesiásticas habían resistido previamente participar en tales programas.
Luis Argüello, presidente de la CEE, describió el acuerdo como «otro paso en el camino que hemos estado siguiendo durante años», señalando que la Iglesia ya contaba con mecanismos internos para compensar a las víctimas.
Las víctimas presentarán quejas ante la oficina del defensor del pueblo, quien propondrá reparaciones que podrían incluir medidas financieras, morales, psicológicas, restaurativas o combinadas, según Bolaños.
Si la víctima o la Iglesia rechazan la propuesta, una comisión mixta de representantes de la Iglesia, el gobierno y las víctimas la revisará.
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Si no se llega a un acuerdo en esa etapa, prevalecerá la recomendación del defensor del pueblo.
El plazo para presentar reclamaciones estará abierto durante un año, con la opción de extenderlo por un año adicional si es necesario.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) indicó en un comunicado que el acuerdo «no se basa en la imposición de una obligación legal, sino en el compromiso moral de la Iglesia». También agradeció el compromiso del gobierno «para abordar reparaciones integrales para las víctimas de abusos en todas las áreas de la vida social», una demanda de larga data de la Iglesia, que ha argumentado que el enfoque no debería recaer solamente en ella.
Bolaños atribuyó al Vaticano un «impulso necesario y esencial» para el acuerdo, que había discutido anteriormente con el difunto Papa Francisco y el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.
Más de 200,000 víctimas
El acuerdo sigue a un informe de 2023 del defensor del pueblo español, que encontró que más de 200,000 menores habían sufrido abusos sexuales por parte del clero católico romano desde 1940. Ese número podría ascender a 400,000 si se incluyen los abusos por parte de laicos en entornos religiosos.
Los líderes de la Iglesia inicialmente rechazaron los hallazgos y argumentaron que muchas más personas habían sido abusadas fuera de la iglesia. Los propios registros de la Iglesia enumeran 1,057 «casos registrados», con 358 considerados «probados» o «creíbles».
El acuerdo llega justo cuando el Papa Leo XIV tiene previsto visitar España en junio, según informó el mes pasado José Cobo, Arzobispo de Madrid, a la radio Cope, propiedad de la Conferencia Episcopal Española.
A diferencia de otros países, en España -un país tradicionalmente católico que se ha vuelto altamente secular- las denuncias de abusos clericales solo recientemente han comenzado a cobrar importancia, gracias principalmente al reportaje de los medios sobre el tema.
Los esfuerzos de la Iglesia para compensar a las víctimas de abusos han sido largamente inconsistentes, con programas y pagos que varían ampliamente en todo el mundo. En Estados Unidos, donde la crisis salió a la luz por primera vez en 2002, las demandas legales y los esquemas de compensación han costado a la iglesia miles de millones, obligando a algunas diócesis a buscar protección por bancarrota.
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