El Gobierno Español Frente a la Obsolescencia Programada
El gobierno de coalición de izquierda de España está tomando medidas contra el modelo de grandes tecnológicas conocido como ‘obsolescencia programada’. Esta práctica consiste en permitir que la tecnología se vuelva rápidamente obsoleta o no funcional, obligando así a los consumidores a adquirir modelos más recientes.
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Esta estrategia comercial asegura que componentes antiguos, como las baterías, dejen de producirse, lo que imposibilita la reparación de modelos más antiguos.
El Ministerio de Consumo está buscando limitar esta práctica introduciendo medidas que fomenten la reparación de aparatos eléctricos durante el período de garantía legal y la creación de una plataforma en línea que ofrezca acceso a servicios de reparación de confianza.
El objetivo es proteger a los consumidores y proporcionarles un acceso fácil a reparaciones en lugar de incentivar la compra de nuevos modelos.
Iniciativas del Ministerio de Consumo
El Ministerio, liderado por Pablo Bustinduy del partido de extrema izquierda Sumar, ha propuesto estas ideas en un proyecto de ley del Acto de Consumo Sostenible, que recientemente recibió aprobación del Consejo de Ministros.
El proyecto incluye varias medidas para prolongar la vida útil de los electrodomésticos alentando reparaciones durante el período de garantía legal. Se propone extender la garantía por un año adicional si el consumidor opta por reparar el producto en lugar de reemplazarlo bajo la garantía.
Además, el fabricante, distribuidor o importador, si es de fuera de la UE, deberá cubrir el 20 por ciento de los costos de reparación durante los primeros dos años después de finalizar la garantía legal.
Este porcentaje se reducirá al 10 por ciento si han pasado tres años desde el final de la garantía, y al 5 por ciento en el cuarto año.
Implementación de Vales de Reparación y Más
Otra herramienta que se está considerando son los vales de reparación para consumidores, además de planes para crear una plataforma en línea donde los consumidores puedan acceder a reparadores de confianza de manera asequible y gratuita para solicitar presupuestos y reparaciones.
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El proyecto de ley aún tiene varios requisitos que cumplir antes de regresar a La Moncloa y ser presentado al Congreso de los Diputados. Primero, debe ser sometido a una audiencia pública para que la sociedad civil, incluyendo organizaciones de consumidores y asociaciones de fabricantes, puedan hacer sus contribuciones.
También será evaluado por el Consejo de Consumidores y Usuarios, el órgano representativo de las organizaciones de consumidores. Además, se solicitarán informes de instituciones como el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social (CES), y también se buscarán las opiniones de las autoridades regionales.
Fuentes consultadas estiman que tomará «alrededor de seis meses» para que el proyecto de ley alcance finalmente el Congreso de los Diputados.
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