A pesar de las quejas de los gobiernos regionales, el polémico proceso de regularización masiva no será elevado a un tribunal de la UE, al menos por ahora.
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El Tribunal Supremo de España ha decidido no elevar la amnistía migratoria del gobierno al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como se había informado ampliamente en el país.
Esto fue confirmado el miércoles por fuentes judiciales a la emisora estatal RTVE, quienes también señalaron que el alto tribunal rechazó suspender el decreto real que promulgó la amnistía, algo que los detractores de la medida habían solicitado.
La polémica amnistía migratoria de España fue aprobada por el gobierno en abril y captó la atención internacional al ofrecer permisos de residencia y trabajo a migrantes indocumentados que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026.
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Las estimaciones iniciales indicaban que el número de solicitantes rondaría los 800,000, pero las cifras del gobierno revelan que más de 1.3 millones aplicaron antes de la fecha límite.
El proceso legal y las implicaciones de la UE
Como informó anteriormente The Local, a finales de junio, el Tribunal Supremo de España consideró la posibilidad de presentar al TJUE «una solicitud de decisión prejudicial sobre la interpretación de varias disposiciones del decreto real que, en su caso, podrían entrar en conflicto con la ley de la UE».
La posible elevación en la cadena legal, un movimiento para probar si la amnistía de España contradecía la ley de migración europea, surgió a raíz de apelaciones presentadas por las autoridades regionales de la Comunidad Valenciana y Aragón contra ciertos aspectos de la regularización.
Sin embargo, en su fallo del miércoles, el Tribunal Supremo también explicó que la decisión no era definitiva.
Los jueces declararon que «en lo que respecta a la solicitud de una decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala considera que, teniendo en cuenta los argumentos presentados por las partes, y dado que se ha decidido no suspender el procedimiento en el presente caso, no es apropiado remitir el asunto en esta etapa del procedimiento».
Esto sugiere que el asunto no está cerrado y que podrían ser posibles futuras referencias o apelaciones.
Esta está lejos de ser la primera impugnación a la controvertida medida, sin embargo.
A finales de mayo, ese mismo tribunal rechazó la solicitud de la Comunidad de Madrid de medidas cautelares para suspender la regularización después de que los jueces dictaminaran que no había pruebas de que los servicios públicos de Madrid pudieran verse desbordados por la amnistía migratoria.
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